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Tecnología y Redes

2 de noviembre de 2023

Qué es la Ley Fintech

Placa de circuito integrado con la bandera de Chile

La Ley 21.521, o Ley Fintech, viene a establecer un marco regulatorio para los servicios financieros con base tecnológica.

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Chile ha logrado posicionarse como un referente en transformación digital a nivel regional, sin embargo, una parte importante de esta transformación, la de las finanzas digitales, estaba desregulada, con los riesgos que esto trae.

Con un marco jurídico específico, se espera que la Ley Fintech logre promover la competencia e integración financiera a través de la tecnología, trayendo nuevos actores a un sistema en el que históricamente han estado los mismos. Con más competencia, se prevé también el desarrollo de nuevos productos y servicios.

Otro de los motivos de fondo para regular las finanzas digitales son sus eventuales lazos con el narcotráfico y el lavado de activos.

Aunque la ley se publicó en el diario oficial el 4 de enero de este año, y se supone que a los 30 días de su publicación ya debería estar vigente, la realidad es que aún se contemplan procesos de consultas y borradores que también se someterán a revisión. Recién para el cuarto trimestre del próximo año se emitirán las normas más urgentes.

Qué son las Fintech

Son todas las entidades que se dedican a prestar servicios financieros a través de medios digitales o tecnológicos, y a través del uso de avanzadas tecnologías digitales.

Según esta definición, podríamos considerar Fintech a, por ejemplo: las aplicaciones para teléfonos móviles de distintos bancos, los exchanges de criptomonedas, administradoras de fondos como Fintual, aplicaciones de pago como Khipu, etc.

Específicamente, se pasarán a regular los siguientes servicios:

  • Plataformas de financiamiento colectivo (crowdfunding). 
  • Sistemas alternativos de transacción.
  • Asesoría crediticia y de inversión.
  • Custodia de instrumentos financieros.
  • Enrutamiento de órdenes e intermediación de instrumentos financieros.

Puntos centrales

Todas las entidades que presten los servicios mencionados anteriormente pasarán a ser reguladas por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF).

Se creará un sistema de finanzas abiertas en el que todas las entidades prestadoras de servicio podrán intercambiar información financiera de sus clientes. Esto como una gran base de datos disponible para facilitar la entrada de nuevos actores y la creación de nuevos productos financieros.

Permitirá a los servicios de iniciación de pagos hacer transferencias directas desde las cuentas de los clientes hacia terceros, ahorrándose la necesidad de tarjetas.

Por medio de la modificación de distintas leyes se asegurará una competencia en igualdad de condiciones entre los actores tradicionales y los nuevos.

Quizás la medida más innovadora de la ley es que bajo ciertas condiciones se reconocerá el uso de cripto activos como medio de pago

Requisitos

Los prestadores de servicios deberán estar registrados en el Registro de Proveedores de Servicios Financieros de la CMF y contar con la autorización para funcionar. Aunque varía según el tipo de servicio prestado, los requisitos generales serán.

  • Tener giro exclusivo (sociedades extranjeras deben tener domicilio en Chile).
  • Obligaciones de información a los clientes financieros (sea de bancos, compañías de seguros, cooperativas, cajas de compensación, administradoras generales de fondos, entre otras instituciones financieras).
  • Obligaciones de gobierno corporativo y gestión de riesgos.
  • Capacidad operacional. 
  • Constitución de garantías (incluyendo seguros).
  • Contar con un patrimonio mínimo permanente (5 mil UF o, entre el 3 y 6 % de sus activos)
  • Contar con reglamento interno.
  • Idoneidad y conocimientos.

Uno de los principales desafíos de la Ley Fintech tiene que ver con la protección de datos personales, de los que se deberá resguardar su integridad, confidencialidad y disponibilidad. 

Vulnerar uno de estos principios es considerado una falta grave según esta nueva legislación, y podría incluso llevar a sacar del registro de la CMF a las entidades que lo hagan.

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