Política
28 de julio de 2023La propuesta de reforma del Gobierno a la Ley Antiterrorista
La iniciativa, según indicó el Ejecutivo, recoge ideas de los mandatos de Michelle Bachelet y Sebastián Piñera.
Por John AldayEste jueves el Gobierno presentó a los distintos poderes del Estado su reforma para la Ley Antiterrorista.
En la instancia estuvieron los máximos representantes de ambas cámaras del Congreso, la Fiscalía Nacional, el Ministerio del Interior, la Policía de Investigaciones, y la Agencia Nacional de Inteligencia.
La reunión se realizó con motivo de los tres ataques terroristas seguidos en las regiones de Ñuble, Valparaíso y Biobío durante junio.
El proyecto, según informó la ministra del Interior, Carolina Tohá, recoge algunas medidas que se plantearon en los gobiernos de Michelle Bachelet y Sebastián Piñera. Asimismo, tiene influencia de las leyes de esta materia en países como España, Alemania y Estados Unidos.
¿Qué reformas propone el Gobierno para la Ley Antiterrorista?
La Ley 18.314, más conocida como Ley Antiterrorista, recoge las normativas sobre ataques desde individuos o grupos organizados hacia la ciudadanía.
Esta iniciativa nació en 1984, en plena dictadura militar de Augusto Pinochet. No obstante, pasó por varias modificaciones durante las siguientes décadas, con una última versión en 2015.
Ahora, el Gobierno de Gabriel Boric presenta sus propias indicaciones. Entre las que destacan dentro del proyecto está el enfoque en castigar las asociaciones criminales terroristas. La idea es perseguir de forma eficaz a las organizaciones que se funden netamente para cometer delitos de este calibre.
Otro punto importante es la creación de la figura de la asociación terrorista. Esto quiere decir que las personas que estén vinculadas a las organizaciones podrán ser perseguidas fiscalmente, solo por pertenecer a estas. Este castigo se sumará a las imputaciones que tengan por los hechos que los vinculen a los colectivos.
También se incorporan a esta ley los delitos que favorezcan a la acción terrorista, como amenazas o extorsión. La idea es castigar con mayor ánimo las faltas comunes que apoyen los grupos organizados.
Esta propuesta también busca eliminar el concepto de «ánimo terrorista». Este concepto en la norma se define como subjetivo, por lo que es más complicado definir qué puede ser una acción terrorista y qué no. A su cambio, se proponen pruebas fácticas para categorizar el delito.