Informe Rettig es el nombre con que se conoce al informe final entregado por la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación sobre las violaciones a los derechos humanos ocurridas en Chile durante la dictadura de Augusto Pinochet. 

La Comisión sesionó durante nueve meses y su informe cubrió el periodo que va desde el 11 de septiembre de 1973 hasta el 11 de marzo de 1990. El informe final fue entregado al ex presidente Patricio Alwyn el 8 de febrero de 1991. 

¿Qué es el Informe Rettig? 

El 25 de abril de 1990 Patricio Aylwin, por medio del Decreto Supremo número 355, creó la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación que tuvo como misión investigar los crímenes de la dictadura. 

En concreto, tal como se menciona al inicio del informe, la Comisión de Verdad y Reconciliación tenía cuatro objetivos: 

• Establecer un cuadro lo más completo posible sobre los graves hechos de violación a los derechos humanos, sus antecedentes y circunstancias.
• Reunir información que permitiera individualizar a las víctimas y establecer su suerte y paradero. 
• Recomendar las medidas de reparación o reivindicación que estimara de justicia. 
• Recomendar las medidas legales y administrativas que a su juicio debieran adoptarse para impedir o prevenir la comisión de nuevos atropellos graves a los derechos humanos. 

De esta manera, la Comisión se abocó a la investigación de la violación a los derechos humanos con consecuencia de muerte ocurridas entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1990. 

El Informe Rettig, que consta de tres tomos, fue entregado por la Comisión al presidente el 8 de febrero de 1991, después de nueve meses de trabajo.  

La Comisión, estuvo presidida por el jurista y ex senador Raúl Rettig, de ahí el nombre del informe final, e integrada por ochos miembros. 

¿Qué dice el Informe?

En el informe se redactaron relatos sobre violaciones a los derechos humanos, en los que se señalaban los métodos empleados en dichas violaciones, la selección de las víctimas, los métodos de represión, la forma de garantizar la impunidad y las instituciones responsables.

Según el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, la Comisión recibió 3.550 denuncias y clasificaron como víctimas de la violencia política a 2.296 personas.

Además, este documento recomendó una serie de medidas de reparación simbólica y reivindicación a las víctimas. Estas fueron acogidas por Aylwin y mediante la dictación de la ley 19.123 creó la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación en febrero de 1992. 

¿Cómo operó la Comisión? 

El 24 de abril de 1990 se constituyó la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación  y estuvo integrada por:

• Raúl Rettig, exsenador, expresidente del Colegio de Abogados, y uno de los fundadores del denominado “Grupo de los 24”. 
• Jaime Castillo Velasco, presidente de la Comisión Chilena de Derechos Humanos. 
• José Zalaquett Daher, abogado 
• Ricardo Martin Díaz, senador designado y exministro de la Corte Suprema. 
• Gonzalo Vial Correa, abogado e historiador y exministro de Educación del régimen militar. 
• Laura Novoa Vásquez, abogada y profesora universitaria. 
• Mónica Jiménez de la Jara, asistente social e integrante de la Comisión Paz y Justicia de la Iglesia Católica. 
• José Luis Cea Egaña, abogado y profesor universitario.

La Comisión recibió, recopiló y verificó la información proveniente de los organismos de defensa de los derechos humanos, las agrupaciones de familiares de detenidos desaparecidos, las organizaciones gremiales y sindicales, los partidos políticos y de todo el que voluntariamente quisiera cooperar. 

Con el objeto de recibir en forma expedita los testimonios de familiares y representantes de las víctimas de violaciones a los derechos humanos, se publicó en diversos medios nacionales e internacionales un comunicado solicitándoles acudir a dependencias de la Comisión en calle Arturo Prat 134 (comuna de Santiago) o bien a la Intendencia regional, embajadas o consulados.

A las Fuerzas Armadas y  Carabineros también se les solicitó enviar las nóminas de los uniformados cuyos derechos humanos habían sido violados durante los 17 años de dictadura.

Tras recibir los antecedentes, se conformó un equipo de 17 abogados, seis asistentes sociales, 18 estudiantes y egresados de derecho, cuatro documentalistas, cuatro programadores, cuatro secretarias y seis auxiliares, además de los ocho miembros de la comisión, para evaluar la información entregada y realizar todas las indagaciones y diligencias.