Por Laura Soto

Este martes, el presidente Sebastián Piñera anunció nuevos cambios al plan gubernamental que busca apoyar económicamente a las familias de clase media que se han visto afectadas por la pandemia del Covid-19.

Esta vez se suma al paquete de medidas un bono no reembolsable de $500 mil, que va dirigido a los trabajadores que, antes de la pandemia, hayan tenido un sueldo formal entre $500 mil y un millón y medio de pesos, y hayan sufrido una caída en sus ingresos de al menos un 30%.

Según señaló el mandatario, este aporte “se pagará diez días después de aprobada la ley que permite ese pago, e incluirá a los trabajadores ocupados, desocupados, suspendidos, cesantes y también a los trabajadores por cuenta propia o empresarios individuales”.

A su vez, el bono también será un aporte, en menor medida, para quienes tengan ingresos entre 1,5 millones y 2 millones de pesos, y que de igual manera hayan sufrido caídas en sus sueldos en el último tiempo.

Este plan se levanta como una alternativa al proyecto que permitiría retirar hasta un 10% de los fondos individuales de las AFP, reforma que actualmente se está discutiendo en particular en la Cámara de Diputadas y Diputados.

En esta votación, el Ejecutivo necesitará que tres de los 13 parlamentarios oficialistas, que aprobaron el proyecto en general, voten en contra o se abstengan, para así evitar su avance al Senado.

CÓMO HAN EVOLUCIONADO LAS PROPUESTAS ENTREGADAS POR EL EJECUTIVO

El pasado 5 de julio, el presidente Piñera anunció la primera versión del paquete de medidas. Sin embargo, tres días después, el Gobierno propuso algunos cambios a este plan, luego de que la Cámara aprobara la idea de legislar el retiro del 10% de las AFP.

La primera medida consistía en un préstamo estatal blando de hasta $2.600.000, distribuido en cuatro cuotas mensuales de $650 mil, que contaba con un año de gracia y tres años de plazo para pagarlo con una cuota anual que no podría superar el 5% de los ingresos totales. A su vez, pasado el periodo anteriormente mencionado, el Estado condonaría los saldos restantes de las familias que no hayan podido pagar el crédito en su totalidad. Luego, el Ejecutivo accedió a cambiar su conformación inicial y estableció que un 25% del monto solicitado sea un subsidio estatal, mientras que el porcentaje restante se mantuvo contingente al ingreso y con el mismo plazo de pago. En un tercer cambio, este martes el mandatario disminuyó dicho préstamo a un monto máximo de $1.950.000, dividido en tres cuotas mensuales de hasta $650 mil.

En cuanto a las medidas correspondientes al sector vivienda, se propuso postergar los dividendos hipotecarios hasta seis meses. Inicialmente, para acceder a este beneficio se exigía estar en un plazo máximo de morosidad de hasta 29 días en el pago de una cuota de un crédito hipotecario. En su segunda propuesta, el Gobierno aceptó aumentar ese periodo a 89 días.

En esa misma línea, se agregó un subsidio de hasta $150 mil para arriendos de hasta $400 mil por un periodo de tres meses, una medida destinada a las familias que hayan disminuido sus ingresos en al menos un 30%. A estos 50 mil subsidios, se sumaron otros 50 mil con un nuevo tramo de hasta $250 mil para arriendos de hasta $600 mil.

A estas dos medidas se incorporó este martes la postergación de las contribuciones por todo el segundo semestre de este año, para las familias con viviendas que tengan un avalúo fiscal inferior a 5000 UF y que hayan sufrido pérdidas en sus ingresos.

Por otra parte, una nueva propuesta que se incluyó en el segundo anuncio entregado el 8 de julio fue disminuir los requisitos para acceder al Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), un aporte económico para hogares vulnerables que han visto disminuidos sus ingresos por la pandemia. Con esta modificación, ahora sólo es necesario estar inscrito en el Registro Social de Hogares para poder obtener el nuevo beneficio, bautizado como “IFE Plus”.

Por último, una medida inicial que se mantuvo sin cambios fue la apertura de un proceso excepcional de postulación al Crédito con Aval del Estado, destinado a aquellos estudiantes que no poseen otros beneficios estudiantiles y hayan visto su situación económica afectada después del último proceso de postulación de marzo 2020. A esto se incorporó también una postergación de tres meses al pago de las cuotas del CAE.

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